¿Conoces la nueva Ley por el Derecho a la vivienda?

La Ley por el Derecho a la Vivienda trata de impulsar el derecho de toda persona a acceder a una vivienda digna en España. Un derecho recogido por nuestra Constitución pero que no siempre prevalece.

Así, esta nueva legislación, publicada el pasado mes de mayo en el BOE, se centra en el desarrollo de este derecho para hacerlo efectivo en toda la sociedad, con especial hincapié en los colectivos vulnerables.

Sin embargo, lo hace centrándose especialmente en medidas aplicables al parque inmobiliario en alquiler y desocupado.

Algunas de las más polémicas son las adoptadas en torno al límite del precio del alquiler en las declaradas como áreas tensionadas, al control de precios por parte de las CCAA, al nuevo impulso de las viviendas públicas o al recargo del Impuesto sobre los Bienes Inmuebles (IBI) para inmuebles de uso residencial desocupados en manos de grandes tenedores.

Respecto al primer punto, la legislación prevé beneficios fiscales para las viviendas de titularidad privada con alquiler a precio reducido (que podrían alcanzar incluso el 90 % de los impuesto por rendimientos netos en una zona tensionada) y la adopción de un nuevo índice de referencia en sustitución del IPC a partir de 2024.

¿Qué hay de la vivienda de obra nueva?

El desarrollo de este nuevo marco normativo produjo cierto temor en el sector de la promoción y desarrollo de vivienda residencial de nueva construcción. ¿Qué futuro le esperaría al parque inmobiliario con esta serie de medidas? 

Ya aprobada dicha ley, las voces más críticas hablan de un efecto rebote. Es decir, que las personas propietarias terminen por sacar sus viviendas del circuito de alquiler, al sentirse desprotegidas o presas de un producto poco rentable. Y que esto provoque una menor oferta aún en el mercado.

De hecho, ahora serán los propietarios quienes, entre otras cosas, tengan que hacer frente a los gastos inmobiliarios por alquiler. Aunque aún está por ver, por ejemplo, qué CCAA aplicarán la medida de control de alquileres, a la que pueden recurrir, o no.

Quienes no notarán la diferencia serán aquellas personas o familias que tengan en mente la compra de un inmueble para establecer su vivienda habitual o segunda residencia, al menos en el corto plazo, pues no se sabe hasta qué punto la nueva legislación afectará a los precios del mercado inmobiliario por completo o a la oferta de vivienda nueva privada.